Medellín, noviembre
26 del 2018
Señor Rector
General
Pbro. Julio Jairo
Ceballos Sepúlveda
Universidad
Pontificia Bolivariana
La ciudad
Respetado Señor
Rector General
Yo, JULIO ENRIQUE
GONZALEZ VILLA, Doctor en Derecho,
Magíster en Administración, con especializaciones en Derecho Ambiental, Derecho
Administrativo y Derecho Comercial, Profesor
Titular de las cátedras de Derecho Ambiental, Derecho Romano y Derecho de
Bienes, las mismas que he venido dictando en la Facultad de Derecho de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín desde hace varios lustros, me
permito dirigirme a usted porque en mi opinión no le han dado la información
necesaria, y lo que es más grave aún, han abusado de su nombre, al decidir excluirme
de mis cátedras.
Hago énfasis en que
soy Doctor titulado por cuanto en estos momentos de acreditación de alta
calidad para la Universidad, y para la Escuela de Derecho en particular, es una
credencial de prestigio a la institución a la que he prestado mis servicios
durante tantos años. De la misma manera resalto que soy profesor titular, pues
es el más alto rango en el escalafón académico de la Universidad y creo me da
el derecho a expresarme con claridad. Cuando una institución decide excluir un Doctor y un Profesor Titular de sus Cátedras, que son excepcionales condiciones
en la docencia de la Universidad Pontificia Bolivariana y en cualquier otra
institución, después de tantos años, tiene que haber razones trascendentales.
El Sr. Decano de la
Facultad de Derecho, Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, escribió una columna
en el periódico El Colombiano el 27 de julio del 2018, con motivo del
llamamiento a indagatoria que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia al presidente Álvaro Uribe Vélez diciendo que “por ningún motivo se
puede desconocer, ni siquiera poner en duda la institucionalidad”, reprendió el
Decano, a quienes veíamos en la actuación de la Corte Suprema, una decisión
política. Espetó que “el primer paso para atentar contra el sistema democrático
de derecho consiste en desconocer las decisiones de los jueces”. Habría que
recordar que el Dr. Álvarez Jaramillo había sido Juez, presidente de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Sala que precisamente violó el
artículo 249 de la Constitución Nacional cuando permitió desconocer al presidente
Juan Manuel Santos ese artículo constitucional, y dejarle cambiar la terna para
Fiscal General que ya había entregado el presidente Uribe Vélez, a quien
precisamente cuestionaba el Sr. Decano en ese artículo al que hago referencia.
El Señor Decano de
Derecho hizo unas declaraciones públicas, en mi concepto equivocadas y
parcializadas, defendiendo a ultranza la posición del Juez, porque él lo fue, olvidando
que esa misma Corte tenía ya en la cárcel a tres de sus presidentes miembros
por el llamado Cartel de la Toga, Cartel que le ha hecho un daño estructural
enorme al Estado colombiano y a la justicia en particular. El Decano, por su
trayectoria, manifestó solidaridad de cuerpo. Me vi obligado a salirle al paso
a la columna del Dr. Luis Fernando Álvarez con una Carta Abierta al Decano de
la Facultad de Derecho de la UPB, con fecha 29 de julio del 2018. Esta carta
abierta se quedó sin respuesta del Señor Decano.
Según las
calificaciones que han hecho de mi los alumnos a los que he dado clase durante
estos 29 años, tengo que darme por muy bien pagado, y si usted se toma el
trabajo de leer, en las redes sociales, todos los comentarios que han hecho los
estudiantes de la Bolivariana con ocasión de este suceso al que voy a hacer
referencia enseguida, se dará cuenta del prestigio como docente al que me he
hecho acreedor, lo que también debe enorgullecer a la Universidad. La cátedra,
no la vinculación por medio tiempo o de tiempo completo, me ha colmado de
felicidad al poder contribuir con la formación de profesionales honestos,
éticos, estudiosos, hábiles, y útiles para la sociedad.
La Bolivariana para
mí ha sido una pasión. Su origen, una epopeya. Sus fundadores, aquellos grandes
profesores de la Universidad de Antioquia en 1936, han dejado, nos han dejado,
un legado de seriedad, de moralidad, de estudio, que se ha convertido en
patrimonio inembargable y no enajenable, patrimonio de la humanidad, el que
nadie, ni usted, ni yo, ni el Señor Decano de Derecho, puede usurpar, y menos destruir.
Inesperadamente, el
jueves 15 de noviembre fui informado, por un mensaje de Whatsapp del Decano de
Derecho, que ya no iba a dar clase en la Facultad en el 2019 por cuanto, según
afirmó: “siguiendo las instrucciones de las altas directivas de la Universidad,
el plan de desarrollo y el régimen de transición, hemos introducido ajustes en
la programación académica para el 2019, lo que nos obliga a replantear la labor
docente para una utilización óptima de los docentes internos.”
Me preocupé
enormemente por lo que, según el Decano, seguía instrucciones de las altas
directivas. El jefe del Área, Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar, me dijo
telefónicamente que el Decano le había dicho que seguía ordenes directas del
Señor Rector, con ocasión de la Carta Abierta al Decano de Derecho de la UPB a
la que ya hice referencia. Inmediatamente me dirigí a usted por escrito en un
correo electrónico del jueves 15 de noviembre en los siguientes términos: “De la manera más
respetuosa me dirijo a usted para q con claridad me responda si mi salida como
profesor de cátedra de la facultad de Derecho de la UPB, después de 29 años de
regentarlas, es una instrucción suya o no lo es. Si lo es, quisiera q me
expresara x escrito la razón x la cual dió esa instrucción para mi caso particular”.
En comunicación
suya de fecha viernes 16 de noviembre, usted repitió textualmente la razón
expresada por el Decano: “En cumplimiento del Plan de Desarrollo de la
Universidad, se ha venido trabajando en un proceso de transformación curricular
donde se requieren ajustes para optimizar la labor docente de los profesores internos” (negrilla
propia).
Es decir, es
evidente que la instrucción de las altas directivas es “optimizar la labor
docente de los profesores internos”
de manera que debería concluirse que los docentes externos dejarían sus clases
(negrilla propia).
Pero en esa
comunicación de noviembre 16, usted, Sr. Rector, es muy claro al afirmar que la
decisión es del Decano: “En el asunto específico de la definición de la carga
académica y su programación, esta labor es
liderada desde las Escuelas de acuerdo con los requerimientos de cada
programa y su planta docente” (negrilla propia). No es cierto entonces, como
por el contrario le afirmó el Decano al Dr. Jaime Arrubla Paucar, que usted dio
la orden de la salida mía de la Universidad por la Carta Abierta al Decano de
la UPB.
Revisando al día 22
de noviembre las clases que ofrece la Facultad de Derecho a los estudiantes y
los profesores que van a dictarlas, me encuentro con las siguientes situaciones,
en lo que toca con las cátedras que yo dictaba:
1-
La clase de Derecho de Bienes va a ser dictada por los
profesores Hernán Valencia, Tomás Mejía y Jorge Contreras. Ninguno de ellos,
salvo uno, es profesor interno de la facultad. No es cierto entonces que en
este caso en particular se fuese a “optimizar la labor docente de los
profesores internos.”
2-
La clase de Derecho Romano va a ser dictada por los
profesores Hernán López Duque, Francisco Augusto Acosta Tobón, Oscar Jiménez y Hernán
Valencia Restrepo. Ninguno de ellos es profesor interno de la facultad. No es
cierto entonces que en este caso en particular se fuese a “optimizar la labor
docente de los profesores internos.”
3-
La clase de Derecho Ambiental, la cual está en el pénsum
y en consecuencia tiene que ser ofrecida como optativa a los alumnos hasta que
el pénsum se modifique, no se ofrece. No existe profesor interno capacitado
para dictar esa cátedra, porque esa cátedra yo la fundé, yo la hice, y yo la
dicté desde el año 2000, si mi memoria no me falla. Derecho Ambiental es materia
fundamental en el pénsum por ser una de las cuatro columnas basilares de la
Constitución Política de Colombia. Yo soy tratadista de Derecho Ambiental, he
publicado dos libros sobre la materia, numerosos artículos, he dirigido muchas
tesis de grado y ejerzo profesionalmente esa área del derecho desde 1987. No es
cierto entonces que en este caso en particular se fuese a “optimizar la labor
docente de los profesores internos.”
4-
La clase de Sistemas Jurídicos, aquella que reemplazó en
uno de sus semestres a Derecho Romano, va a ser dictada por una profesora nueva
que viene de la ciudad de Bogotá, la abogada Luisa Fernanda Álvarez. No es
profesora interna de la facultad. No es cierto entonces que en este caso en
particular se fuese a “optimizar la labor docente de los profesores internos”.
Pero lo más grave en este caso es que se trata de la hija del señor Decano de
Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana.
La Universidad
Pontificia Bolivariana tiene una esencia, un espíritu, que le dieron sus
fundadores: alfa, omega, ciencia, humanismo cristiano. Si hay algo parecido a
la Justicia, que la define Ulpiano como darle a cada cual lo que le
corresponde, es la esencia del espíritu bolivariano. Hubiera querido doblar la
página de este vergonzoso episodio y salir callado a rumiar mis decepciones,
pero la Justicia me obliga a exigir
de usted que haga valer aquello por lo cual nació la Bolivariana.
No se le puede
mentir a la comunidad académica de las razones por las cuales se le quita la
cátedra al profesor titular, Dr. Julio Enrique González Villa. Aquí lo único
que hay es una afrenta a la Justicia, un pésimo precedente, máxime cuando la justicia es el
desiderátum de la enseñanza del Derecho, y además, se ha mentido sobre los
verdaderos motivos de la determinación que se tomó en mi contra.
En una nueva
columna en el periódico El Colombiano de noviembre 23 del 2018, el Señor Decano
de Derecho dijo: “No es bueno para una sociedad que un alto servidor se
mantenga en su cargo, con el argumento de que no se ha podido comprobar una
conducta ilícita, cuando de diversas fuentes surge suficiente información…”. Si
revisa usted la planilla de profesores que ofrece la Facultad de Derecho para
el 2019, la gran absoluta mayoría son los profesores de cátedra, no los
internos, por lo que las razones “justificativas” de mi retiro de la cátedra,
cuales son “optimizar la labor docente de los profesores internos”, no existen,
máxime cuando el Señor Decano se atreve hasta vincular a su propia hija como
profesora de cátedra.
De lo dicho, y
con base en lo mismo que escribe el Sr. Decano de Derecho en su columna de El
Colombiano del 23 de noviembre, el Decano le ha mentido a usted, me ha mentido
a mí, le ha mentido a la comunidad académica de la Bolivariana y en atención a
ello debe ser objeto de su misma sentencia que expresa en la columna citada:
“Cuando su comportamiento, anterior a su designación o en ejercicio de su
función, despierta desconfianza o incertidumbre acerca de su integridad para
asumir la defensa del interes colectivo, por conflictos de interés u otra
causa, están en la obligación de asumir la defensa de la conciencia moral
colectiva, sacrificar su interés particular, en muchas ocasiones, sin esperar
un pronunciamiento judicial previo,..”
Vuelvo a
repetirle, Sr. Rector general, no le han dado a usted la información necesaria,
el quid del asunto es una venganza personal que se disfraza bajo el manto de la
reestructuración académica.
Lo único que hay
aquí, es un vulgar ajuste de cuentas por parte del Señor Decano de la Facultad de
Derecho.
Adjunto las
columna del Decano de julio 27 del 2018, la carta abierta al Decano de Derecho
de la UPB, la planilla de profesores oficial de la UPB donde aparece la nueva
docente de la materia Sistemas jurídicos.
Atte,
JULIO ENRIQUE
GONZALEZ VILLA
Profesor Titular
Universidad
Pontificia Bolivariana
CC: Consejo
Directivo de la Universidad Pontificia Bolivariana; Excelentísimo Sr. Arzobispo
de Medellín Ricardo Tobón Restrepo; Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana; comunidad
académica en general.
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