EL BACULO DIOCESANO
El báculo del Obispo no es un bastón de apoyo de un anciano venerable, es un
arma para ahuyentar a los lobos del rebaño.
En 1942, Laureano Gómez, a la sazón, jefe del Partido Conservador, durante
el comienzo del segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, atacó un proyecto
de concordato que ya tenía negociado la Nunciatura con el Gobierno, por cuanto “La
Nunciatura de la Santa Sede en Colombia, como era su deber, estaba del lado del
Gobierno, y por temor reverencial, muchos de los obispos, sacerdotes y católicos
laicos de la Nación, apoyaban el punto de vista de la Nunciatura.” [1]
En ese discurso en el Parlamento, se expresó Laureano Gómez en los
siguientes términos:
“La identidad entre el Príncipe y el Pontífice es el summum de la tiranía y
esta reforma tiene una tendencia, no por disminuída menos real, a supeditar las
autoridades religiosas y disminuír su poderío frente a las de orden civil y esa
es una tendencia cesarista, abominable, que tiraniza y ofende el sentimiento
católico de los colombianos y no de los anticatólicos, porque éstos toleran la
autoridad eclesiástica como un rezago del pasado, como algo decandente que por
desgracia subsiste.”
Más adelante este llamado monstruo de la política enfatiza:
“Repito, pues, que no puede haber obispos, ni sacerdotes, ni católicos
laicos que, considerada la naturaleza de las cosas, yendo al fondo de ellas y
no dejándose desvirtuar por las consideraciones cobardes del “mal menor”,
puedan decir que la reforma concordataria es mejor que lo existente. Y el
verdadero católico que acepte ese “mal menor” no es un hombre convencido, es
comodón, un regalón”.
Y finalmente remata su intervención de esta manera:
“Cuando en estas cuestiones fundamentales de la vida espiritual, la
convicción no sirve para defender la íntima creencia, ¿qué se va a defender
entonces? ¿Qué otra cosa hay en la vida que valga la pena de correr ningún
riesgo para defenderla? Si nosotros, católicos convencidos, no defendemos esto como
lo estamos defendiendo, ¿con qué derecho después se nos pide que defendamos qué?
¿Qué instituciones, qué principios, qué filosofía política? Qué normas valen la
pena de compararse con aquellas que no somos capaces de defender y que son
eternas, porque nos las señaló el Creador? Si para defenderlas somos cobardes y
buscamos el “mal menor”, no seremos sino unos calculadores, utilitaristas que
nos pasamos la vida como cerdos, disfrutando de la mejor manera los bienes que
tenemos a nuestro alcance. Lo que aquí se busca es hacer decaer la moral del país,
retrasarlo en el camino de su altura moral e intelectual. Y por eso cuantas
veces se hable del asunto otras tantas tendremos que alzar nuestra voz para
defender la religión atacada”. (Sesión del 30 de noviembre de 1942)[2]
He decidido recordar este episodio por cuanto a la Santa Madre Iglesia Católica
y Apostólica de Medellín, también hay que llamarle la atención, máxime cuando
no ha tenido el carácter de defender la misión, el espíritu, de la gran Universidad
Pontificia Bolivariana, legado recibido de los profesores conservadores que
tuvieron la gallardía de enfrentar al establecimiento del mismo Lopez Pumarejo
en su primer mandato, renunciar a sus cátedras en la Universidad de Antioquia y
hacer la Universidad Pontificia Bolivariana en 1936.
Cuando recibí la instrucción del Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias
Políticas de que no iba a continuar con mis cátedras de Derecho de Bienes,
Derecho Romano y Derecho Ambiental, después de 30 años, después de ser Profesor
Titular, sin ningún debido proceso, sin ninguna queja formal, tuve la convicción
de que se trataba de una venganza personal del decano, Luis Fernando Alvarez
Jaramillo, por haberme enfrentado a él en ejercicio del derecho de libertad de
expresión en medios de comunicación, razón por la cual me dirigí al Señor
Rector de la Universidad, Presbítero Julio Jairo Ceballos, con copia al Señor
Arzobispo de la ciudad de Medellín, como Gran Canciller que es de la
Universidad. Todo esto a finales de noviembre del 2018. Tres meses después,
continúa reinando el “imponente y profundo silencio” como dice cierto genial
poema.
Este “imponente y profundo silencio” en donde tiene que reinar la Justicia,
pues es en los claustros de la Escuela de Derecho donde se enseña que la búsqueda
del Derecho es la Justicia, no es de recibo. Y no es de recibo porque existen
unos derechos constitucionales humanos y fundamentales que están siendo
vulnerados, y no a cualquiera, a un Profesor Titular: el derecho de petición y
el derecho al debido proceso.
Hay que llamar la atención de la Curia, pues ella dirige, como Gran
Canciller que es el Arzobispo de Medellín, el Consejo Directivo de la
Universidad; y la Curia dirige al Rector, pues es sacerdote que depende del
Obispo. Quien termina siendo cuestionado es entonces el Báculo Diocesano.
Entonces, al igual que la nunciatura, que en el caso de 1942 , es
recriminada por dejarse manipular por el gobierno, me siento obligado a
recriminar a la Curia que se deja manipular por un decano indigno de su cargo
que ha decidido tomarse la Facultad de Derecho excluyendo los profesores que no
se identifican con su ideología, si es que así puede llamarse ese tinglado de
intereses oscuros del personaje de marras, y en su lugar ha decidido vincular a
toda su Oficina como profesores de esa otrora gran Escuela de Derecho.
JULIO ENRIQUE GONZALEZ VILLA
