Los 75 Años de la UPB. ¡Una deuda de la Iglesia con los Laicos!

Los 75 Años de la UPB. Una deuda de la Iglesia con Los Laicos.

A comienzos de la década de los años 30 del siglo XX una fiebre socialista se apodera del mundo: se instala la República en España, y el partido Liberal colombiano regresa al poder después de 44 años de ausencia. Ambos fenómenos políticos se compaginaron a la perfección. La Iglesia Católica, confundida como la aliada natural de la monarquía española y del partido Conservador colombiano, fue la gran afectada. Fue factor determinante de estos cambios la famosa crisis económica de 1929. El socialismo se había fortalecido en 1850, y se había cristalizado en las revoluciones mejicana y rusa entre los años 1910 y 1920.

El anticlericalismo llegó a extremos atacando el más profundo sentimiento católico del pueblo español y colombiano, afectando las tradiciones, al punto que se genera una reacción en sentido opuesto por parte de la oposición al nuevo régimen y, obviamente, si el liberalismo y el socialismo giraron a la izquierda, naturalmente el conservatismo en el caso colombiano, y la Falange en el caso español, se inclinaron a la derecha. Es la época del Frente Popular francés, impulsado por Manuel Azaña en España y Alfonso López Pumarejo en Colombia, que triunfa en 1936. Entre febrero y julio de 1936 se radicalizó la República española. Sólo durante esos meses se destruyeron y profanaron 411 templos católicos; se encarcela en marzo al jefe único de la Falange española José Antonio Primo de Rivera (fusilado por la República en el mes de noviembre de 1936); el jefe de la oposición monárquica, José Calvo Sotelo fue asesinado el 13 de julio de 1936;  todo esto desemboca en la guerra civil española el 17 de julio de 1936. En medio de la guerra los comunistas españoles eliminaron las autonomías, pues el Estado comunista debería ser unitario. Durante la guerra civil española se asesinaron 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas. El partido Liberal colombiano de la época apoyó con pasión la República española, y el partido Conservador el alzamiento de Franco, que finalmente triunfó.

El régimen liberal del Presidente López Pumarejo centralizó la educación superior al punto casi de refundar la Universidad Nacional; en comunicación a su ministro de educación, Luis López de Mesa, le dijo: “Los liberales tenemos muchas razones para no propugnar por la autonomía universitaria hoy, que somos Gobierno, a pesar de haberla pedido cuando estábamos en la oposición.”. Inexplicablemente la Universidad de Antioquia adhirió a estas consignas. La otrora famosa Escuela de Minas en Medellín, fundada desde 1887, fue aspirada literalmente por la Universidad Nacional en esta época de gobiernos liberales. Comenzó entonces a gestarse la idea de la necesidad de una universidad privada que no se dejara avasallar por los avatares de los gobiernos de turno y donde la ciencia primara sobre la política y la autonomía primara sobre la centralización.

El distanciamiento entre Laureano Gómez, jefe ya indiscutible del conservatismo, y Alfonso López Pumarejo, jefe único del liberalismo, fue total. Vale la pena recordar esta frase del presidente López: “Conviene que la juventud tenga el valor de aceptar el rótulo de socialista…”. Baste mencionar el pensamiento del periodista Alejandro Vallejo sobre el gobierno de Alfonso López en 1936: “Por primera vez, en la historia de los primeros de Mayo, fuera de Rusia y de Méjico, por primera vez el día consagrado por los trabajadores del mundo a dejar escapar sus protestas contra la opresión de los gobiernos burgueses, los trabajadores colombianos, liberales, comunistas y socialistas, fuimos a manifestarle confianza al presidente López, porque ha empezado a dar prendas de que su gobierno será el de los trabajadores”. Y en una entrevista que concedió López en el Espectador al periodista Alberto Galindo en 1937, dijo: “El otro punto de acuerdo reside en el hecho de que el partido en su totalidad se ha movido hacia la izquierda”, refiriéndose al partido Liberal. Otros jefes conservadores de la época que aglutinaron muchos jóvenes colombianos fueron Gilberto Alzate Avendaño y los llamados Leopardos, ambos seguidores de Laureano en 1936, aunque distanciados de él pero ya en 1937. El partido Conservador decretó la abstención desde 1934, de manera que, absolutamente todo el gobierno nacional, departamental y municipal estaba en manos del liberalismo colombiano socialista. Los constituyentes colombianos de 1936, todos liberales, tuvieron fuerte inspiración en la Constitución española de 1931. Esta sustancial reforma que estableció que la propiedad es una función social, fue sancionada el 5 de agosto de 1936. Era común a Laureano Gómez, a Los Leopardos (José Camacho Carreño, Augusto Ramírez Moreno, Joaquín Fidalgo Hermida, Silvio Villegas y Eliseo Arango) y a Gilberto Alzate Avendaño, su oposición feroz al socialismo. Este era su antítesis. Fue tal el estado de cosas que posteriormente Laureano Gómez promulgó la acción intrépida, y Silvio Villegas escribió en La Patria: No hay enemigos a la derecha.

La radicalización de las ideas políticas llega al paroxismo y se dá una polarización total entre izquierda y derecha. Era tal la fiereza de la lucha política que se llegaron a crear fuerzas de choque entre liberales y conservadores. La gran facultad de derecho del departamento de Antioquia era la de la Universidad de Antioquia, ente oficial controlado por el Gobernador de Antioquia que en ese momento era un agente del Presidente de la República, y adonde llegó la persecución ideológica al punto de que los estudiantes y profesores en número importante (78 estudiantes y 25 profesores) siente afectada su libertad de expresión y su libertad de cátedra. Estos, junto con profesores de la facultad de medicina, deciden crear una nueva universidad donde se sintieran cómodos para expresarse y aprender.

Pío XI (Aquiles Ratti) fortalece y promueve la Acción Católica, movimiento laico para defender a la Iglesia de los ataques totalitaristas del socialismo. En medio de la crisis de la Universidad de Antioquia, el asistente arquidiocesano de la Acción Católica en Medellín, padre Germán Montoya, convoca en el edificio Calpe a los Dres Braulio Mejía, Emilio Robledo, Luis E. Arango Pérez, Antonio Osorio, Alberto Bernal Nicholls, Dionisio Arango Ferrer, Braulio Henao Mejía, Juan Evangelista Martínez, Rafael Botero, Alfonso Restrepo Moreno, Bernardo Echeverri, Alfredo Cock, Félix Henao Botero y Cayetano Betancur, y discuten la idea de crear una universidad, para lo cual se crea un comité Pro Universidad, conformado por Rafael Botero, Bernal Nicholls, Arango Ferrer y Cock. (Acta # 1 de junio 2 de 1936)

El 7 de junio de 1936 ya Félix Henao Botero, quien era profesor de la facultad de derecho de la universidad de Antioquia, en presencia de varios representantes de la industria, el comercio y los gremios de abogados, médicos e ingenieros, citados por el Comité Pro Universidad, y ante la monumental obra de fundar una universidad en circunstancias tan poco propicias, dijo las severas palabras que dieron origen a la Bolivariana: “en Antioquia todo es posible.” (Acta # 2 de junio 9 de 1936). El 20 de junio se decide nombrar a los Dres. Gonzalo Restrepo Jaramillo y Alfredo Cock Arango para que visiten al Señor Arzobispo de Medellín (Tiberio de J. Salazar y Herrera) para inquirir su opinión sobre el proyecto y la forma en que él “contribuiría a su realización” (Acta # 3 de junio 20 de 1936). En la cuarta sesión del comité el Dr Alfredo Cock Arango informó que el Señor Arzobispo “veía con mucha complacencia las actividades en que éste Comité está empeñado; que desde el principio expresó al Dr Félix Henao Botero que él sería el primero en contribuir a esta obra.”, y se decide ya ejecutar el proyecto designando dos comisiones, una de “estatutos”  compuesta por Félix Henao Botero, Gil J. Gil,  Federico Vásquez Uribe, y Alfonso Restrepo Moreno; y otra “económica” compuesta por Gonzalo Restrepo Jaramillo, Alfredo Cock Arango, Manuel María Escobar, Ramón Echavarría, Luis Eduardo Arenas, y León Londoño.

 En la sesión del 30 de junio de 1936 (Acta # 5), se da cuenta en el acta, del temor del Arzobispo de Medellín “de que la Nunciatura Apostólica por instancias del Gobierno llegara a llamarle la atención, por creerse erradamente que se trata de una guerra a la universidad oficial” (Mensaje del Señor Arzobispo de Medellín al Comité Fundacional manifestando que la reunión general de los gremios que se tenía prevista no debe reunirse en el Palacio Arzobispal). En esta importante sesión se establece con claridad la independencia que tendría la Universidad Bolivariana de la Curia: “El Dr. Henao Botero se mostró partidario de que una junta elabore un plan de acción y lo someta al Ilustrísimo Señor Arzobispo para que lo bendiga; de que ese plan contenga el memorandum de razones por las cuales se funda la Universidad Católica, con la advertencia de que ésta quedará “exenta”, es decir autónoma en sus reglamentos, manejo de dineros, nombramientos, etc, sin depender de la Curia, la que solo intervendrá en caso de un grave error.” “El Señor Arzobispo podría intervenir indirectamente, respondió que por ejemplo nombrando Rector de una terna que se le presente.”. El gran Monseñor Felix Henao Botero, quien después fue Rector por más de 40 años, dejó en sus propias palabras, señalada, y en forma clara, la mentalidad confesional, pero laical, de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Ante la dificultad de obtener los permisos civiles necesarios para el funcionamiento de la nueva universidad, y ante la cercanía con la iglesia católica antioqueña, por su clara confesionalidad como Católica, se determinó que “Respecto de la personería jurídica para la nueva universidad, se habló de que era obtenible del gobierno si ésta tomaba la forma de “corporación” y de que también el Arzobispo podría concedérsela de acuerdo con el concordato, por medio de un decreto que se hallaba listo a dictar”. Ante el hecho del retiro de la mayoría de los profesores católicos de la facultad de derecho de la Universidad de Antioquia, en esta importante reunión del 8 de septiembre de 1936, y dado que éstos ya estaban dando clases a sus alumnos porque de hecho ya el parto se adelantó, se decidió organizar en forma inmediata la universidad comenzando con la facultad de derecho (Acta # 8 del 8 de septiembre de 1936).

Paralelamente, un grupo de profesores: Julio Enrique Botero, Guillermo Jaramillo Barrientos, Félix Henao Botero, José Manuel Mora Vásquez, Fernando Gómez Martínez, Rafael Restrepo Maya, Alfredo Cock Arango, Alfonso Restrepo Moreno, José María Bernal, Jorge Ortiz Rodríguez, Juan Evangelista Martínez, Eudoro González Gómez, José Luis Molina, Cayetano Betancur, Bernardo Echeverri, José Roberto Vásquez y Francisco E. Tobar, que habían renunciado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, instala las clases, y se pone en marcha la Facultad de Derecho y la Universidad Católica Bolivariana, pues expresaron que “Acerca de la formalización legal de la creación de la Universidad Católica, todos los concurrentes conceptuaron que la legislación nacional la permite ampliamente y asimismo los títulos que la universidad expida dentro de determinadas circunstancias.”  Y, en consecuencia designaron una comisión compuesta por los doctores Guillermo Jaramillo Barrientos, Félix Henao Botero, Alfredo Cock Arango y Alfonso Restrepo Moreno “para que entendiéndose con el Ilustrísimo Señor Arzobispo Dr. Salazar y Herrera y con el Presbítero Dr Manuel José Sierra, elaborasen la minuta de constitución de la Universidad Católica Bolivariana. (Acta de Instalación de septiembre 14 de 1936).

En esa sesión llamada Acta de Instalación se designó por unanimidad como Rector de la Universidad al Dr. Manuel José Sierra “y se dispuso comunicarle así a éste y al Excelentísimo Señor Arzobispo Doctor Salazar y Herrera, para que dictase el correspondiente decreto de nombramiento, si lo tenía a bién” 

El día 14 de septiembre de 1936, en presencia del Dr. Guillermo Jaramillo Barrientos, quien asistió a la sesión # 9 del Comité Fundacional, y quien va en representación de los profesores católicos de la facultad de derecho que habían renunciado  en la Universidad de Antioquia, “se dio lectura al decreto sobre constitución de la “Universidad Católica Bolivariana”, nombre con que será conocida en el futuro” (Acta # 9 del 14 de septiembre de 1936), identificando el ideario de Simón Bolívar con el conservatismo porque ya se había identificado a Francisco de Paula Santander con el liberalismo. Nació pues lo que es hoy la gran Universidad Pontificia Bolivariana. Después de éste último análisis de los laicos fundadores, con Monseñor Felix Henao Botero, se expide el Decreto Arzobispal el 15 de septiembre de 1936, dando origen formal a la Universidad.

Fue la Universidad Pontificia Bolivariana obra de los profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, que desertaron masivamente de esa universidad por haberse dejado atrapar ésta por la ideología liberalizante, laicista y socialista del momento; obra cobijada y acuñada por la Iglesia Católica, que le permitió nacer al amparo del derecho canónico. Un gran puntal fue Félix Henao Botero, a quien ya se la han reconocido sus ejecutorias, pero se está en mora de hacerle un gran homenaje, muy especialmente, al Dr Alfredo Cock Arango. Debe hacer la Universidad Pontificia Bolivariana un reconocimiento especial a sus fundadores e impulsores laicos para mantener el espíritu fundacional: mentalidad laical por y para un humanismo cristiano.

Julio Enrique González Villa

Profesor de Facultad de Derecho

¿Qué pasó en la Facultad de Derecho de la UPB?

Qué está pasando en la Facultad de Derecho de la UPB

Sábado, 16 de julio de 2011

Respetados Sres.

Dr. Jesús Vallejo Mejía

Pbro Eugenio Fenoy

Lo primero que quiero manifestar es que la Universidad Pontificia Bolivariana nació por su Facultad de Derecho, la que surge en 1936. Es entonces la Escuela de Derecho el faro que tiene que guiar las naves del pensamiento en las tinieblas y brumas que podrían hacerlo zozobrar si no se tiene la luz y los puntos cardinales necesarios para una navegación segura a través de teorías falaces o destructoras.

Lo segundo, la Facultad de Derecho de la UPB nació esencialmente laica, que es distinta a anticlerical, pues surgió por la inconformidad de varios profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, con la forma como se estaba politizando esa escuela. Recordemos que en 1936 en Colombia se estaban generando muchos cambios sociales, políticos y jurídicos, por el régimen socializador y anticlerical que se vivió en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Baste recordar sus Frentes Populares inspirados en la República española, a su vez con inspiraciones en las revoluciones mejicana y rusa.

Si mi memoria no me falla, un reconocido egresado de la Facultad de Derecho de la UPB, el Dr. Fernando Mora Mora, decía con mucha sabiduría que la Facultad de Derecho de la UPB nació por y para la Iglesia. En razón de las dificultades para lograr la aprobación y puesta en marcha de la nueva facultad de derecho, los fundadores resolvieron visitar al Señor Arzobispo de Medellín, para que aprovechando el concordato vigente con la Iglesia se hiciera la fundación de la nueva Institución, que fue lo que se hizo. Nació entonces por la Iglesia. obviamente la Iglesia en 1936 estaba mas cerca del partido conservador que del liberal, por el marcado anticlericalismo de este partido en esos tiempos. En razón de ello nace una universidad que confiesa un pensamiento Católico. La Bolivariana nace entonces para la Iglesia.

Por lo explicado, es natural que dentro de la Universidad haya una tolerancia de ideas, una libertad de cátedra, pero tampoco debe hacerse enaltecimientos de personas que vayan en contravía del pensamiento Católico.

La Facultad de Derecho, lamentablemente, en los últimos momentos no ha sabido interpretar todos estos antecedentes y con ligereza ha propuesto distinciones, eventos, y foros, para y con personas que no reflejan la orientación Católica.

Lo que es más increíble es que no sea de las mas altas jerarquías de la universidad que se hagan estas consideraciones, sino que las mismas tengan que venir de sus mismos profesores y estudiantes. Lo anterior demuestra la crisis institucional de la misma Iglesia.

Ojalá que se cambie el rumbo de la Facultad de Derecho de la UPB en forma radical, y rápida, antes que ocurra un evento similar a la que dió origen a esta universidad en 1936. Que la celebración de estos 75 años de vida de nuestra Facultad no se conviertan en el entierro de la misma son nuestros votos.

Julio Enrique González Villa

Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la UPB

Egresado de la Facultad de Derecho en 1983

La Carta al Rector de la UPB del 25 de julio del 2011

Medellín, julio 25 del 2011

Monseñor

Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Universidad Pontificia Bolivariana

Rector General

Muy respetado Señor Rector:

He leído y meditado con muchísima atención su comunicación que recibí vía correo electrónico el lunes 18 de julio del presente. Su mensaje me lleva a hacer algunas consideraciones que quiero compartir con Usted:

1. Creo que los honores, y, en especial, los grados "Honoris Causa", se deben dispensar a personas que, además de sus méritos académicos y científicos, se hayan destacado por haber puesto sus esfuerzos y conocimientos para la realización de los valores que constituyen la misión y visión de la Universidad. Que se sepa, para discernir al profesor Robert Alexy el doctorado Honoris Causa, no se han analizado sus realizaciones bajo esta óptica.

El profesor Robert Alexy es uno de los voceros del llamado Nuevo Derecho que está imponiendo la Sra. Decana de nuestra querida facultad a como dé lugar.

Aprendí desde mis épocas cuando estuve de director jurídico en Cervecería Unión S.A. y cuando realicé mi Magíster en Administración en la Universidad EAFIT, que cuando se tiene un producto exitoso, éste no se puede cambiar sustancialmente. Pues bien, el abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín es un excelente producto elaborado con un talante especial. Ejemplo de ello fueron los Doctores Samuel Muñoz Duque, Jorge Molina Moreno y Darío Múnera Arango, entre muchos otros, todos presidentes de las empresas más reconocidas del País: Compañía Nacional de Chocolates, Suramericana y Coltabaco.

La formación impartida en las aulas de la facultad de derecho de la U.P.B. es reconocida a través de los años desde las épocas del profesor Miguel Moreno Jaramillo, Lucrecio Jaramillo Vélez, Samuel Barrientos Restrepo, David Córdoba Medina, Ignacio Moreno Peláez, José Luis López; continuó con Luis Gabriel Botero Peláez, Ignacio Mejía Velásquez, Jesús Vallejo Mejía, Enrique Gaviria Gutiérrez, Jairo Escobar Padrón; hasta hoy con Javier Tamayo Jaramillo, Carlos Jaramillo Restrepo, Ignacio Sanín Bernal; todos los anteriores entre muchos otros de los maestros que han dejado su impronta en el carácter del abogado bolivariano.

Para Robert Alexy es común la colisión entre principios normativos, para lo cual propone su solución optimizando los principios (buscar su máxima realización posible) a través de lo que llama la ley de la ponderación. Esto implica el principio de proporcionalidad con sus 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. (Tres Escritos Sobre los Derechos Fundamentales; Robert Alexy; Tercera Parte. Sobre la Estructura de los Principios Jurídicos; Universidad Externado de Colombia; Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho # 28; Bogotá, 2003, pág. 101)

Pues bien, las teorías de Robert Alexy han sido tenidas en cuenta por la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia en que despenaliza el aborto en Colombia. Para una ilustración literal, me permito transcribir sólo algunos apartes de la misma:

“En conclusión, el legislador penal cuenta con un amplio margen de configuración en materia penal, pero dicho margen encuentra sus principales límites en los derechos constitucionales, dentro de los cuales se destacan la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, y la salud en conexidad con la vida y la integridad de las personas. Como sobre tales derechos, del bloque de constitucionalidad no se deriva un mandato determinante para la solución de los problemas jurídicos planteados en este proceso, es necesario aplicar un juicio de proporcionalidad para decidir en qué hipótesis el legislador penal, con el propósito de proteger la vida del nasciturus, termina afectando de manera desproporcionada los derechos de la mujer y transgrediendo los límites dentro de los cuales puede ejercer el margen de configuración.”…“Llevar el deber de protección estatal a la vida en gestación en estos casos excepcionales hasta el extremo de penalizar la interrupción del embarazo, significa darle una prelación absoluta a la vida en gestación sobre los derechos fundamentales comprometidos de la mujer embarazada, especialmente su posibilidad de decidir si continúa o no con un embarazo no consentido. Una intromisión estatal de tal magnitud en su libre desarrollo de la personalidad y en su dignidad humana, privaría totalmente de contenido estos derechos y en esa medida resulta manifiestamente desproporcionada e irrazonable. La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo, y por tanto el consentimiento para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la de la mujer en todos los sentidos.” (Sentencia C 355 del 2006)

El profesor Alexy, como tantos pregoneros del nuevo derecho, centran su discurso en la mera racionalidad sin ningún recato por la Ley Eterna. Se podría afirmar que para ellos la moral general para el Estado no existe, sino que cada persona encuentra su propia moral, por lo que se termina prohijando conceptos como el aborto, el matrimonio entre homosexuales, etc… destructores todos ellos de la institución más sagrada para el Estado: la familia. Me sorprende como hasta un pagano como Marco Tulio Cicerón dijera en su República que “Tampoco Cartago hubiera tenido tanta fuerza durante casi seiscientos años sin un buen gobierno y una moral. De no existir esta natural tendencia de valor, nunca les hubiera liberado del asalto..” (Marco Tulio Cicerón; Sobre la República; Los Clásicos de Grecia y Roma; Planeta De Agostini; España, 1998, Pág. 34).

¿No debería una universidad Pontificia enaltecer más bien el concepto de derecho natural y moral prescrito por Aristóteles y Santo Tomás? En vez de hacérsele un reconocimiento al profesor Alexy, por qué no se ha traído y enaltecido más bien a los grandes filósofos del derecho católicos cómo: Javier Hervada de la Universidad de Navarra, o John Finnis de la Universidad de Oxford, o Carlos Massini Correas de la Universidad de Mendoza? ¿Por qué no se enseñan en nuestra facultad a los grandes filósofos del derecho católicos contemporáneos como: Rodolfo Vigo, Georges Kalinowski, Sergio Cotta, Michel Villey, con la misma intensidad con que se ha enseñado a Alexy, Habermas, etc…?

A un evento como el que se está preparando para conmemorar los 75 años de existencia de nuestra Facultad, ¿por qué no se invitó a la gran reserva jurídica y moral que tuvo nuestra Facultad durante tantos años, como lo es el Dr. Otto Morales Benítez e inclusive al Dr. Belisario Betancur por su importancia al haber sido Presidente de la República, o al Dr. Hernando Londoño Jiménez ex constituyente; o a los Dres. Gustavo Gómez Velásquez, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Aníbal Gómez Gallego, todos ellos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia para honor y honra de nuestra facultad, entre muchos otros? También se debió invitar al profesor Javier Tamayo Jaramillo quien ha estado dando una dura batalla contra los conceptos arbitrarios del llamada nuevo derecho, concepto éste que ha dado lugar a lo que otros llaman la tiranía de la toga. ¿Por qué se escoge Cartagena para conmemorar semejante acontecimiento, cuando es la ciudad de Medellín la llamada a exigir un evento de esa naturaleza?

Todo esto no obedece más que a la falta de criterio y formación, por lo que se caracteriza la dirección actual de nuestra facultad; alma mater, que no podríamos nunca olvidar.

2.    Bien conoce Ud., Sr. Rector, las inquietudes y preocupaciones de un buen grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad con la orientación y forma como se conduce la Facultad de Derecho.

No considero que sea necesario reiterar algo que Ud. conoce tan bien y desde hace largo tiempo.

El desconocimiento que Ud. manifiesta tener sobre los docentes de la Universidad es explicable, pero, no se puede pretender que sean los mismos profesores quienes deban dar esta información a la Rectoría.

Considero que los decanos y los consejos de facultad deben ser lo que Ud. acertadamente denomina "filtros", pero reflejando el pensamiento bolivariano.

La Universidad es una institución jerarquizada y, por ello, la gran responsabilidad recae en sus máximos órganos -Rectoría y Consejo Directivo-. Los decanos son subordinados cuya actuación debe estar sujeta a sus superiores.

Vale la pena recordar dos conceptos de responsabilidad: "Culpa in Eligendo" y "Culpa in Vigilando". Compromete su responsabilidad quien yerra eligiendo a quien no resulta competente para el cargo y, también compromete su responsabilidad quien no vigila la forma como el subordinado ejercita las funciones atribuidas.

No creo que aporte algo reiterar a Ud. las razones en que se funda el desasosiego que muchos profesores tienen con respecto a la Facultad. Ud. las conoce y además tiene pruebas de algunos de esos hechos. Baste mencionar la grabación que tiene en su poder.

Pide Ud. paciencia. Esa solicitud me lleva a una pregunta: ¿a cuál de las acepciones de la palabra paciencia se refiere?

Lo anterior porque el Diccionario de la Real Academia de la Lengua trae varias de las cuales cuatro serían aplicables, con consecuencias muy distintas en cada una de ellas:

¿Será la virtud de sufrir sin perturbación de ánimo estos infortunios?

¿Será el ejercicio de la virtud que se opone a la ira? Hasta el momento se ha ejercitado. No se conocen accesos de ira de ninguno de los inconformes.

¿Será espera y sosiego en las cosas que se desean mucho? Esta se tiene y se ha practicado. Se desea con ardor que la facultad no se salga del cauce que debe tener.

¿Será lentitud o tardanza en las cosas que se debían ejecutar prontamente? Lo que se debe ejecutar para ordenar lo que se considera desordenado no está en manos de los profesores sino de la Directivas y me atrevo a sugerir que no debe haber en ésto paciencia pues el tiempo en nada ayuda.

Señor Rector: que su indulgencia para con la dirección actual de la Facultad no resulte aún más lesiva que la situación por la que atraviesa, es tanto el mío como nuestro mayor deseo.

Cuando uno ama una Institución como la Universidad Pontificia Bolivariana, porque mi madre es egresada de la Facultad de Trabajo Social en 1957, yo estudié la primaria en el Colegio de la U.P.B, estudié mi pregrado de abogado en la Facultad de Derecho, obtuve dos títulos de especialista en Derecho Comercial y Derecho Administrativo, y llevo dando clases durante más de 20 años habiendo llegado a ser Profesor Titular, se obliga a decir la verdad sin miramientos y sin temor a las consecuencias, porque por encima de todo está el bien de esa querida y amada Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Reciba mi respetuoso saludo,

Julio Enrique González Villa

Profesor Titular de Derecho Ambiental

Egresado de la Facultad de Derecho de la U.P.B en 1983

En Defensa del General Nariño

En Defensa del General Nariño

Como entusiasta de la historia comencé a ser asiduo televidente de la novela llamada La Pola porque presuntamente iba a mostrar los acontecimientos que sucedieron en nuestra patria entre los primeros 25 años del siglo XIX, teniendo como figura central a Policarpa Salavarrieta.

Cual no sería mi sorpresa cuando en la novela televisiva muestran amores entre la señora del General Antonio Nariño, Sra Magdalena Ortega, y Don Jorge Tadeo Lozano, fruto de los cuales nacerían dos hijas.

Inmediatamente me dí a la tarea de buscar en todos los textos históricos que tuve a mi alcance y por parte alguna se hablaba de ello. Todo lo contrario, encontré comentarios sobre la virtud y el señorío de Doña Magdalena Ortega de Nariño.

Recordé una muy buena biografía sobre Antonio Nariño, que había leído hacía ya muchos años, escrita por Enrique Santos Molano, y volví a leerla toda.

Me encontré un Apéndice titulado Sobre las Hijas de Nariño y allí está demostrada la falsedad, la superficialidad y la injuria cometida contra Don Antonio Nariño, contra Doña Magdalena Ortega, contra sus hijos e hijas, y contra toda su descendencia, además contra Don Jorge Tadeo Lozano, su señora esposa y toda su descendencia.

Resulta que una seudohistoriadora denominada Carmen Ortega Ricaurte escribió un artículo denominado Sobre las Hijas de Nariño en 1996 y ese artículo fue el soporte para que el Director de la novela decidiera que ello fue así, sin importar las consecuencias.

Con motivo de esa injuria, el presidente de la Sociedad Nariñista de Tunja, anunció una denuncia por calumnia “por el honor de una mujer que vivió hace más de 200 años”.

Toda la hipótesis de la Sra Carmen Ortega la fundó sobre la percepción que ella tiene de un cuadro pintado por Joaquín Gutiérrez y que se exhibe en el museo del 20 de Julio en Bogotá.

Según Doña Carmen ese cuadro presenta a una mujer en estado de gestación con un niño en brazos y un medallón en el cuello. Dice Doña Carmen que el medallón representa la imagen de Jorge Tadeo Lozano, y que se fijó en él porque en su parecer la pintura había sido alterada y se había ocultado el medallón.

Después dijo Doña Carmen que ese cuadro le hablaba, lo que le permitió llegar a la conclusión que las hijas de Nariño no eran de él, porque él estaba preso cuando fueron concebidas, que por lo tanto era de Don Jorge Tadeo Lozano.

Todo este escándalo generado por las hipótesis de Doña Carmen Ortega Ricaurte se dio entre 1995 y 1996 y las publicó en El Tiempo. Posteriormente El Tiempo volvió a hablar del tema en abril 1 del 2001, en un artículo de Liliana Angélica Martínez.

Recomiendo leer el Apéndice de Enrique Santos Molano (Antonio Nariño. Filósofo y Revolucionario. Editorial Planeta, Bogotá, 1999, Pag. 589 y ss).

Santos Molano explica muy bien que Nariño no era cualquier preso, pues era miembro de una de las familias más distinguidas de Bogotá, muy reconocido, muy influyente, y que por tal motivo, muy seguramente se le permitieron visitas a su celda a su señora esposa, por un lado, y por el otro lado, no existe ningún documento que diga que la dama del cuadro es Doña Magdalena Ortega sino mas bien es la Señora esposa de Jorge Tadeo Lozano (Léase lo dicho por la genealogista Beatriz Barón de Blanco).

Deben rechazarse hipótesis no demostradas y más cuando con las mismas se afecta la honra de personas que, aunque desaparecidas, no dejan de tenerla para la posteridad y para su descendencia.

Es irresponsable una producción televisiva como la presentada por el canal RCN en la cual se le dio plena credibilidad a la febril imaginación de Doña Carmen Ortega Ricaurte, a quien le hablaba un cuadro.

Julio Enrique González Villa

El Zascandil

El Zascandil. Carta Abierta a David Suárez

Advierto, por un correo electrónico que recibí, que, un individuo de nombre David Suárez, escribe una comunicación al Dr. Guillermo Carmona relacionada con la cancelación de un evento en Cartagena organizado por la UPB y donde iba a disertar el profesor alemán Robert Alexy. En esa comunicación, de la cual me enteré porque le contestó el Dr. Javier Tamayo Jaramillo, dice el mencionado  Suárez:

“Dr. Guillermo mil gracias por toda la información que nos brinda, en especial nos ha mantenido muy actualizados sobre el deplorable, nefasto, imaduro (sic) y medieval insuceso de la UPB.

…Como dicen por ahí zapatero a tus zapatos.

Lo mismo he visto por ahí cartas de Julio González Villa, me imagino que es el profesor de ambiental? El mismo que fue Gerente de EEVV? Y que en su época fue suspendido y sancionado por la Contraloría de Medellín? O es un homónimo??..Me genera la misma sensación que con el Dr Tamayo: el Dr Julio sabe es de ambiental, y leyendo sus cartas sobre Alexy queda claro de entrada o que no lo ha leído, o no lo ha entnedido (sic); qué hace un ambientalista opinando de teorías del derecho?? O de filosofía del derecho?? O de los tribunales constitucionales??

Leyendo a Tamayo y a Gonzalez (sic), me siento casi igual que escuchando en la W a Julito o a Félix, o en Caracol a Arismendi cuando en sus programas de radio juegan a ser magistrados, teoricos o analistas del derecho.

Dr. Tamayo: su campo es la responsabilidad, Dr. Gonzalez: su campo es el ambiental.

Es muy peligroso, antitécnico y con resultados deplorables cuando un cardiólogo juega a ser neurólogo, o cuando un ortopedista juega a ser internista.

Ahora sí, luego de 5-7 días, comprendo las inexactitudes, adefesios, impropiedades y desvaríos del Rector de la UPB. Son plenamente entendibles: se apoyó en escritos de Julio Gonzalez, Javier Tamayo y Jesús Vallejo Mejía. No se podía esperar nada distinto que la comisión de un gran y grave error…”

Debo decir que no conozco al señor David Suárez, pero, por la información que dio el Dr. Javier Tamayo Jaramillo en su carta respuesta, fue un funcionario público de “carrera” que recuerdo en la prensa cuando fue designado secretario general de Empresas Públicas de Medellín y, según entiendo, es ahora profesor de la Universidad EAFIT, razón por la cual hurgué en Internet y comprobé que el profesor de EAFIT se llama David Suárez Tamayo y que de diez cargos que ha ocupado, nueve fueron puestos públicos, hasta el actual (el décimo), que es profesor de tiempo completo de EAFIT.

Me veo obligado entonces a contestarle a David Suárez Tamayo en los siguientes términos:

Primero: Comienza el tal David Suarez Tamayo diciendo que ha “visto por ahí cartas de Julio González Villa”. Bueno, pues no sé qué cartas ha leído que sean de mi autoría. Sí le expreso que hice una carta abierta al profesor español Juan Antonio García Amado que aún éste no me ha respondido, y que me comunicó al otro día de enviársela, muy amablemente, que lo iba a hacer. Dicho sea de paso, esta carta la transcribió el profesor García Amado en su blog Duralex el 12 de agosto de este año, y allí vuelve a repetir que me contestará.

Segundo: El señor David Suárez Tamayo se pregunta, en forma irónica, que si soy “El mismo que fue Gerente de EEVV? Y que en su época fue suspendido y sancionado por la Contraloría de Medellín? O es un homónimo??”.

Pues bien, Sr. Suárez, ¡No soy esa persona que usted menciona!

En primer lugar, me causó extrañeza que usted recordara eventos de hace casi 20 años, por lo que al revisar en internet su información, que reposa en EAFIT: www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/derecho/informacionacademica/Paginas/david-suarez-tamayo.aspx, encuentro que usted, en su larga trayectoria como funcionario público, fue Director de la División Jurídica de la Contraloría General de Medellín. Está probada la razón por la cual encuentro su manifestación malintencionada, pues alude a investigaciones que adelantó la Contraloría General de Medellín, entidad en la cual usted fue Director Jurídico.

Le contesto, aunque usted bien lo sabe, que sí fui Gerente de las Empresas Varias de Medellín, pero nunca fui sancionado por la Contraloría General de Medellín, pues en decisiones tomadas por esa entidad fui absuelto de todos los cargos que se me imputaron. Su pregunta-respuesta, en consecuencia, está tipificando lo que el código penal llama injuria (art 220 CP).

Me parece muy importante hacer énfasis en esta deshonrosa imputación que usted me hace, pues repito, usted fue Director Jurídico de la Contraloría General de Medellín, razón por la cual usted sabría de esos procesos, pero en forma maliciosa y dolosa no dice que la misma Contraloría General de Medellín mediante sendas Providencias me exoneró, como paso a mostrarle:

Mediante Auto 04.3 de diciembre 15 de 1997 la Contraloría General de Medellín decretó la cesación de procedimiento contra mí “por cuanto aparece comprobado que el hecho fiscal no ha existido y los sindicados no lo han cometido. Para el despacho es claro que la acción fiscal no puede proseguirse por cuanto respecto de todos los Gerentes Generales no es predicable responsabilidad,..”. Lo más curioso Sr. Suárez, es que en este proceso, donde parece que usted era parte (Director Jurídico de la Contraloría), su actual jefe, el señor decano de la Facultad de Derecho de EAFIT, Doctor Hugo Castaño, fue, junto con el Dr Carlos Iván Fernández, apoderado de los sindicados, entre los que estuve yo. Con él puede usted verificar lo que le estoy diciendo.

De la misma manera, mediante Resolución 003 de mayo 16 de 1997, la Contraloría General de Medellín revoca el fallo dictado el 3 de febrero por el Area de Juicios Fiscales, por cuanto: “La autorización del pago hecho…se ajustó a la Ley, fue correcta y acertada…”, “Con el Acuerdo de transacción formalizado a través del acto administrativo sub exámine, lo que hicieron las directivas de las Empresas Varias de Medellín, fue precaver o evitar la posibilidad de que se presentara posteriormente, en contra de la entidad, una reclamación del orden judicial por resarcimiento total y ordinario de perjuicios, de la cual se derivan unas erogaciones mucho mayores…”, “Se colige de todo lo anterior expuesto que a los encartados dentro del proceso, doctores Héctor Quintero Arredondo y Julio Enrique González Villa, se les habrá de exonerar…” (Pag 11); “Existe la plena evidencia que el contrato sin número de marzo 15 de 1993, se celebró y ejecutó en condiciones extraordinarias o anormales, dado que en la ciudad estábamos afrontando una emergencia sanitaria, declarada por el Alcalde…Circunstancia ésta que faculta perfectamente para prescindir del contrato escrito…”, “El Despacho después de hacer un juicioso y severo análisis del acervo probatorio que consta en el expediente, está de acuerdo con los distinguidos letrados que han intervenido a lo largo de este debate, en calidad de apoderados judiciales de los indiciados,” (Pag 13); “Categórico es pues que con autorización de la Resolución cuestionada jamás se infringió un daño patrimonial a los intereses de las Empresas Varias de Medellín, antes por el contrario en ejercicio del principio de que los contratos se celebran y ejecutan de buena fe (Art. 1603 C.C.), y en consideración a la equidad contractual, se obró siempre conforme a la verdadera intención de los contratantes,”, “las anteriores precisiones nos conducen a reforzar más la validez del acto administrativo objeto de controversia” (Pag 15); “el acto administrativo se ajustó a la normatividad vigente”, “Se dispondrá en su lugar fallar sin responsabilidad fiscal a favor de los encartados”, “el fondo del asunto se resolverá en beneficio de los procesados” (Pag 16); por lo que previas todas esas consideraciones “Resuelve. Artículo Primero: Revocar el fallo con Responsabilidad Fiscal, dictado el 03 de febrero de 1997…en contra de los doctores Héctor Quintero Arredondo…y Julio Enrique González Villa.” (Pag. 17).

Explicado lo anterior, Sr. Suárez, le exijo una retractación pública de lo que dijo de mí.

Tercero: Dice David Suárez que se imagina que Julio González Villa “es el profesor de ambiental”. Efectivamente, soy profesor de Derecho del Medio Ambiente en la UPB desde hace ya muchos años y de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y que lo he sido de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad Libre de Pereira, de la San Buenaventura de Medellín y de Cali, de la de Medellín, de la de Antioquia, de la Católica de Oriente, de la UNAB de Bucaramanga, pero también quiero agregarle al Sr. David Suárez que he sido profesor del Derecho de los Bienes, de Derecho Administrativo, de Historia Constitucional de Colombia, y de Historia de las Ideas Políticas. Podría decirle al Señor Suárez que la docencia es mi pasión.

Luego, expresamente el Sr. Suárez dice que debo dedicarme a lo que sé, esto es el Derecho Ambiental. Repito textualmente la misiva de Suárez: “el Dr Julio sabe es de ambiental, y leyendo sus cartas sobre Alexy queda claro de entrada o que no lo ha leído, o no lo ha entnedido (sic); qué hace un ambientalista opinando de teorías del derecho?? O de filosofía del derecho?? O de los tribunales constitucionales??”

Acierta Suárez en decir que sé de derecho ambiental, pues efectivamente me dedico al ejercicio litigioso en esa importante área del derecho, pero ello no me ha impedido que mantenga escarceos con la Filosofía y la Historia y obviamente más en estos últimos tiempos con el protagonismo de los Tribunales Constitucionales. Le recuerdo al Sr. Suárez que la Corte Constitucional en la Sentencia T 411 de 1992 determinó que el Derecho al Medio Ambiente era uno de los 4 pilares del ordenamiento jurídico colombiano.

Confieso que cuando leí lo que el abogado Suárez Tamayo expresó, diciendo que en mi escrito se podía verificar que yo no había leído a Alexy, y que si lo había leído no lo había entendido, pensé que iba a tener un fuerte contradictor, un profesor de tiempo completo de EAFIT. Me preparé para un fuerte debate. Pero cuál no sería mi sorpresa cuando luego de que el Dr. Javier Tamayo Jaramillo le replicara, el señor Suárez le contesta:

“2. Dr. Javier: No soy docto, ni doctor, ni experto en Schmitt, ni en Alexy,
ni experto en filosofía o teorías del derecho.” …

“4. Me permito desilusionarlo, pero ni me gustan, ni nunca aceptaría duelos,
retos, a los que Usted me invita. Además sobre qué discutiríamos? Yo no sé
nada de responsabilidad civil, usted sabe más bien poco de contratación
estatal, de servicios públicos domiciliarios y de estructura del estado; y
ninguno de los dos sabemos, ni somos expertos, ni en Schmitt, ni en teoría,
ni en filosofía del derecho. Entonces se imagina lo aburrido de un duelo
entre usted y yo?, salvo que hablemos de fútbol, sí le apasiona.”…

No es usted entonces ningún estudioso de Alexy, ningún experto en filosofía del derecho, ni en teoría del derecho, ni en constitucional; por lo tanto, no es usted nadie para decirme que no he leído a Alexy o que no he entendido a Alexy.

Usted, Señor David Suárez, es un verdadero ¡zascandil!

Cuarto: Me preocupa su ligereza, su sarcasmo, su ironía, su grosería, su desfachatez. Basta repetir una de sus respuestas al juicioso reclamo que le hizo el Dr. Javier Tamayo Jaramillo:

“11. No me imagina como Juez?

Yo tampoco me imagino como Juez, me imagino es
caminando por la playa cogido de la mano con mi linda novia, tomándonos unas cervezas frías, entrando a cine, leyendo juntos, riéndonos hasta de nosotros mismos, y en lo posible olvidándonos del derecho, de la filosofía, de las  teorías del Derecho.”

Pues yo sí me lo imagino a usted como Juez, y por su trayectoria política es muy posible que vuelva a ser un funcionario público con capacidad de decisión, o consiga llegar a alguna magistratura. Todas estas son razones más que suficientes por las cuales lo declaro públicamente mi enemigo; es decir, a partir de su falsa imputación a mi honra, atribuyéndome sanciones que no existen, existe entre usted y yo una manifiesta y pública enemistad que obligará, cuando nos encontremos, a un impedimento por parte suya y a un derecho mío de recusarlo.

Me sorprende una vez más que una Universidad del prestigio de EAFIT tenga como profesor de tiempo completo a un personaje de su catadura.

Como la injuria que usted ha cometido contra mí le consta al Señor Decano de la Facultad de Derecho a la cual usted presta sus servicios como profesor, en razón al apoderamiento que él llevó, por lo que puede dar fé él de la falsedad que usted me imputó, considero oportuno que él tenga conocimiento directo de esta comunicación, razón por la cual le acompaño copia de la misma. De la misma manera le enviaré copia de las que usted le envió al Dr. Javier Tamayo Jaramillo y la respuesta de éste.

Atte,

JULIO ENRIQUE GONZALEZ VILLA.

Profesor Titular

Facultad de Derecho UPB

Cc. Dr. Hugo Castaño Zapata (Decano Facultad de Derecho Universidad EAFIT)

Carta Abierta al Profesor Juan Antonio García Amado

Carta Abierta al Profesor Juan Antonio García Amado

Medellín, agosto 7 del 2011

Señor Profesor

Juan Antonio García Amado

España

Respetado Señor Profesor:

He leído con atención su artículo denominado “Nuevo Esperpento Académico: El Rectorado de la UPB Cancela el Nombramiento de Robert Alexy como Doctor Honoris Causa”, y me veo obligado a hacerle algunos comentarios:

1-    En primer lugar, dice usted que la UPB había organizado un evento “pocas veces visto en aquellos pagos”, refiriéndose al acto previsto en Cartagena de Indias.

Doctor García Amado, “por estos pagos” han pasado eminentes profesores y el profesor Robert Alexy sería una honrosa visita, pero un episodio más.

Debo decirle que la sede principal de la UPB es la ciudad de Medellín, que creo usted conoce, y un evento académico de la naturaleza del que parece se iba a celebrar no tenía por qué perdérselo la ciudad madre de la Universidad.

El valle de Aburrá, donde está ubicado Medellín, tiene 4.000.000 de habitantes y es una región próspera, con muchísimas universidades, empresas, instituciones de toda clase y con excelentes instalaciones para hacer los congresos académicos que se requieran.

No sólo la Universidad Pontificia Bolivariana, sino todas las otras universidades del valle de Aburrá, que pueden ser más de 30 universidades, han hecho eventos académicos en gran escala, por lo que no es cierto que un evento de la envergadura del que iba a celebrarse en Cartagena, fuese “un encuentro pocas veces visto por aquellos pagos”.

Nunca la UPB había seleccionado la ciudad de Cartagena para hacer congresos y ahora había resuelto su exdecana hacerlo allí. Me asalta mi primera duda: ¿Fue exigencia del profesor Robert Alexy para venir a Colombia? Esta respuesta la da usted mismo en su artículo: “A la invitación que se le cursó respondió Alexy, según mis informantes, con dos peticiones: …que el acto correspondiente tuviera lugar en Cartagena de Indias.”

Debo recordarle a usted que Cartagena de Indias es una bella ciudad turística, pero que está a 1 hora en avión de la ciudad de Medellín y a 12 horas en carro.

¿Desde cuándo para un evento organizado en “estos pagos”, el invitado exige que se haga en una ciudad determinada, lejos de la ciudad natural de la universidad, y la universidad se pliega a estas exigencias? No conozco precedentes y considero inadmisible que un personaje de la academia, por importante que sea, como reconozco que lo es el profesor Alexy, exija que un evento al que es invitado se celebre donde él quiera.

Imagínese usted que una universidad de Madrid otorgase un Honoris Causa y el homenajeado exija que se le entregue en Barcelona; y no me quiero imaginar lo que ocurriría si una universidad de Barcelona lo otorga y el homenajeado exige que se le entregue en Madrid.

2-    En segundo término, al leer su blog, me encuentro con la segunda sorpresa: que la Universidad Pontificia Bolivariana no había decidido, después de un análisis cuidadoso, serio, pausado, darle el doctorado Honoris Causa al profesor Robert Alexy.

Ahora resulta, y nos queda claro, por su información en su artículo, que el profesor Alexy lo exigió. Dijo usted: “A la invitación que se le cursó respondió Alexy, según mis informantes, con dos peticiones: que se le diera el doctorado honoris causa”.

En mi cabeza provinciana de este “modesto pago”, no me cabe que un académico de los quilates del profesor Robert Alexy le exija a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín un doctorado Honoris Causa, para atender una invitación a dar una conferencia.

Quien fuera un maestro nuestro, dijo en su momento: los honores no se buscan, se disciernen;  consecuente con ello, la entidad que los confiere debe buscar que quien los reciba honre el honor con que se le honra. Para que ello ocurra en nuestra universidad es porque el honrado enaltece los valores fundantes de ésta, y no porque de su parte lo exija.

¿Qué hay detrás de todo esto?

En fin, lo que parecía un gran evento académico, en donde tiene que primar la generosidad, el desinterés, el repartir conocimiento, la espiritualidad, porque eso es la academia, y eso es lo que enaltece a un académico, ¿se convirtió en una negociación?: “do ut des”.

Esto no se había visto “en estos pagos”, y ¡no estoy de acuerdo!, y expreso ante usted y ante el mundo académico mi rechazo y siento mi voz de protesta, aunque reconozco que soy un modesto abogado y profesor de provincia. Y me resisto a su conclusión: “contra el vicio de invitar está la virtud de pedir”.

3-    En tercer término, usted menciona que “con fecha 23 de julio, un profesor se (sic) de Derecho de la mencionada universidad dirige al rector una carta…En esa carta, por cierto, hay unos cuantos errores ortográficos y el nombre del profesor alemán se escribe varias veces de modo incorrecto.”

Introduce usted, de entrada, una incompetencia a ese profesor por tener “unos cuantos” errores ortográficos y haber escrito incorrectamente en varias oportunidades el apellido del profesor Alexy.

Pues bien, ¡yo soy ese profesor!

Y este modesto profesor de provincia antioqueña (porque Medellín es la ciudad capital de una región que podríamos llamar “provincia” llamada Antioquia), quiere precisarle respecto a esto unas cuantas cosas:

a)    No he dirigido ninguna carta al señor rector de la UPB con fecha 23 de julio del 2011. Esa carta no existe.

b)    Sí elaboré y dirigí y entregué en la rectoría de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín una comunicación al Señor Rector de esa Universidad, pero el día 25 de julio del año en curso.

c)    La comunicación suscrita por mí reposa en la rectoría de la Universidad, está con sello de recibo, y en ella se puede constatar que no existe ningún error de ortografía (lea usted bien: ¡ninguno!) y en ninguna parte de esa comunicación está mal escrito el apellido del profesor Alexy.

d)    La comunicación que usted en su blog dice que es mía, es una transcripción amañada de la mía que sí entregué. A esa comunicación, que usted me imputa, le faltan datos, palabras, frases, que están en la verdadera, y le sobran datos, palabras y frases que no están en la verdadera.

e)    En conclusión: su punto de partida no se compadece con la realidad y amerita una retractación pública de su parte, como distinguido y reconocido académico que es. Para mí es seguro que sus informantes abusaron de su buena fe.

4-    Ahora, entrando en materia: el asunto no es si el profesor Alexy es merecedor de un doctorado Honoris Causa. En mi concepto, claro que lo es, pues es uno de los más grandes filósofos del derecho contemporáneo. La pregunta es: ¿Debería ser invitado por una Universidad como la UPB para ser distinguido con el Doctorado Honoris Causa? Mi respuesta es negativa en cuanto a lo que implica para una Universidad hacer esta distinción, pues la misma conlleva el poner a esa persona y a sus ideas como paradigma a seguir. Ahí es donde advierto que el profesor Alexy con sus teorías, respetables por demás, aunque pueden encajar en algunas formas de moralidad, no encajan plenamente con el ideario de una moral cristiana. Lo anterior, adicional a lo ya dicho de la impertinencia de que él exigiese esa distinción para venir a la UPB.

5-    Por último, la Señora exdecana funge ahora como víctima de lo que ella llama censura, o violación a la libertad de expresión, o violación a la libertad de cátedra; sin embargo, ella no le ha transmitido a usted ni a los medios la realidad de la Facultad de Derecho de la UPB durante su administración: ella hizo expulsar de su cátedra al profesor Alejandro Duque, simplemente porque la cuestionaba; ella persiguió a uno de los mejores estudiantes de la Facultad hasta obligarlo a pedir traslado a otra universidad, porque él había elaborado un blog en que también la cuestionaba (caso Alejandro Echavarría); ella le quitó la cátedra de Teoría Constitucional al profesor Jesús Vallejo Mejía, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, profesor de esa materia durante 30 años, y tratadista, sin que haya habido motivación clara, sabiéndose sí que era contrario a las tesis del llamado nuevo derecho, tan afecto éste a los idearios de la exdecana; ella presionó la salida del coordinador de la especialización de derecho procesal, y profesor de Teoría del Proceso y Teoría del Derecho, profesor Alejandro Ochoa Botero, informándole a los estudiantes motivaciones ajenas a la realidad; ella, además, presionó la salida del profesor Francisco Gil, quien era el coordinador del área de derecho público, exponiéndole también a los estudiantes informaciones ajenas a la realidad; ella le quitó la cátedra de familia a la profesora Beatriz Arcila Salazar, sin explicación alguna; ella censuró al profesor Jorge Contreras por colaborar con la divulgación de un evento académico que ella no organizó y que era dirigido por sus contradictores; ella me quitó mi cátedra de Derecho Civil Bienes, sin explicación alguna; ella canceló una actividad académica que previamente había aprobado, programada por el profesor Carlos Jaramillo Restrepo, al parecer por cuanto se indispuso con el profesor que iba a dictar el curso, arguyendo no recordar su aprobación; y así muchos casos más. Todo esto que ella hizo: ¿acaso no es violatorio de la libertad de expresión? ¿no es violatorio de la libertad de cátedra? ¿no es censura velada?. Entonces, el debate se debe centrar: con la idea de imponer una determinada forma de pensar el derecho la exdecana ha violado el más sacrosanto de los derechos: la libertad. Por eso su renuncia es bienvenida para mí, y para muchos otros que, desde tiempo atrás, hemos sido conscientes de la falta de transparencia con que la exdecana dirigió la Facultad.

Y, para comenzar una sana discusión que me permito proponerle sobre la Ley Eterna, que usted parece circunscribir a los cánones eclesiásticos, veo oportuno citar a Cicerón cuando textualmente expresa:

“La verdadera ley es una recta razón, congruente con la naturaleza, general para todos, constante, perdurable, que impulsa con sus preceptos a cumplir el deber…Tal ley, no es lícito suprimirla, ni derogarla parcialmente, ni abrogarla por entero, ni podemos quedar exentos de ella por voluntad del senado o del pueblo, ni debe buscarse un Sexto Elio que la explique como intérprete, ni puede ser distinta en Roma y en Atenas, hoy y mañana, sino que habrá siempre una misma ley para todos los pueblos y momentos, perdurable e inmutable; y habrá un único dios como maestro y jefe común de todos, autor de tal ley, juez y legislador,…” (Sobre la República, Marco Tulio Cicerón, Libro III, Planeta DeAgostini, Los Clásicos de Grecia y Roma; Pag 137; España, 1998).

Observe usted respetado profesor que la Ley Eterna no es la Ley eclesiástica. Otra cosa muy diferente es que la Iglesia haya verificado la solidez de esos pensamientos clásicos y sobre ellos haya edificado su obra. Tomás de Aquino basó su obra en Aristóteles; Cicerón fue el gran difusor de Aristóteles en el mundo latino.

En mi opinión, sería deseable que una universidad como la Bolivariana de Medellín, teniendo en cuenta su identificación como Pontificia, le hiciese unos estudios especiales, no únicos, a iusnaturalistas católicos y también a los iusfilósofos no católicos, pero sin excluir a los primeros, que es lo que está ocurriendo, lo cual nunca tuvo en cuenta la exdecana de la Facultad de Derecho.

Queremos libertad, pero en todos los sentidos. Lo que yo veo en este interesante, pero mal planteado debate, no es que haya habido censura, y yo jamás la pediría; lo que se evidencia es una falta grave de deslealtad con una institución por cuenta de la exdecana.

Tal vez todo lo afirmado por usted se explica por la rapidez de su pronunciamiento. Vale la pena entonces recordar esta anécdota: Preguntado Deng Xiaoping  por su opinión sobre la Revolución Francesa manifestó que era un acontecimiento demasiado reciente para tener una opinión clara sobre él. El conflicto de la UPB no es la Revolución Francesa, pero una hora tampoco son 200 años.

Dejadas puntualizadas las anteriores consideraciones, para mí es muy grato continuar leyéndolo, y espero tener algún día el placer de conocerlo personalmente para conversar sobre estos y otros temas en compañía de un buen café colombiano.

Reciba usted mi respetuoso saludo,

Julio Enrique González Villa

Profesor Titular Derecho Ambiental

Doctor en Derecho

U.P.B.